S.O.S POR LOS LÍDERES/AS SOCIALES Y DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Por: Nathalia Baquero Torres.

Imagen extraída de El Espectador


El día 3 de julio del 2018, mientras los medios de comunicación llenaban sus plataformas anunciando la derrota de Colombia frente a Inglaterra en el mundial de fútbol, haciendo viral un mal arbitraje y exigiendo justicia a través de protestas en redes sociales, dos líderes sociales y defensores de Derechos Humanos (DD. HH) del departamento del Chocó, tristemente, se sumaron a la larga lista de homicidios dentro de la cual se encuentran líderes de varias comunidades que han sido víctimas. Lista que ha venido aumentando significativamente desde el 2016.


La preocupación hacia este tema se volvió masiva en el momento en que la Defensoría del Pueblo se pronunció realizando la entrega de la “Alerta Temprana de la situación de riesgo para líderes/as sociales y defensores/as de DD. HH”, el 1 de marzo del año en vigencia, donde el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera informó que “desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los Derechos Humanos” [1]. Tales cifras han generado una preocupación que hasta ahora había sido minimizada.


Cabe resaltar, que varias entidades ya habían dedicado tiempo y esfuerzo realizando diferentes investigaciones y pronunciamientos frente al tema. Aun así, un tema confuso es la inconsistencia en las cifras que entregan, pues existe bastante variedad entre los diferentes resultados publicados (Ver tabla #1). Pero, a pesar de eso, todos apuntan a un aumento de estas cifras desde el 2016.


Tabla #1: Presentada en el estudio “Análisis de homicidios de líderes y lideresas en Colombia 2016-2018 para la interpretación de su impacto en las comunidades y organizaciones sociales”, realizado por: el Centro Nacional de Consultoría (CNC) – la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Developmen - USAID). Bogotá, Colombia – 5 de julio de 2018

Esta situación no es una novedad, es algo que viene sucediendo en diferentes comunidades colombianas como consecuencia del conflicto armado nacional, pero en los últimos años las cifras han sido alarmantes, lo cual se vuelve inexplicable. Pues, en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, a pesar de que se sabía que tal acuerdo no significaba el fin del conflicto armado, se esperaba que debido a su enfoque proteccionista disminuyeran tales cifras. Pero sucedió todo lo contrario, “en 2016 ocurrieron 134 homicidios; para 2017 fueron 126 y del 1 de enero al 27 de febrero de 2018, otros 22 casos” [1], y a dichas cifras falta sumarle los crímenes ocurridos entre febrero y julio del presente año. Tiempo en el cual, según Indepaz, 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde enero hasta los primeros días junio del 2018. Este escenario no mejora, por el contrario, se prepara para la publicación de las cifras, que tristemente aumentarán, con relación a los crímenes ocurridos entre junio y julio.


Imagen extraída de TeleSur

Es momento de aprovechar el auge que está teniendo el tema y que los colombianos están dejando de lado la indiferencia frente al mismo para buscar soluciones, para llenar las redes sociales, los medios de comunicación, hacerse escuchar, protestar y exigir justicia como se hizo en el fútbol. Pues, se debe tener en cuenta que el impacto que tiene en las comunidades cada asesinato de uno de sus líderes o lideresas sociales es enorme. Según el estudio “análisis de homicidios de líderes y lideresas en Colombia 2016-2018 para la interpretación de su impacto en las comunidades y organizaciones sociales” realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Developmen / USAID); cuando ocurre una agresión de tal magnitud se debilita la comunidad completa, se para todo tipo de actividad por parte de los movimientos sociales, que beneficia a la comunidad; e incluso puede llegar a ocasionar el fin de la organización reivindicadora de DD.HH que se vio afectada. Todo esto, debido a que existe una fuerte conexión entre los líderes/as y su comunidad, y esta se desestabiliza ante la ausencia de quien los representa. [2]


Bajo un chequeo rápido, los líderes/as sociales víctimas guardan algo en común y es que pertenecen a comunidades víctimas de abandono estatal con necesidad de liderazgo, en donde las necesidades y las carencias que existen crean a los líderes/as que buscan una reivindicación de los DD.HH. Incluso, se ha llegado a pensar que no solo los grupos armados al margen de la ley son los victimarios, sino que debido a la omisión del Estado y al poco éxito de los procesos jurídicos, a la hora de presentarse la denuncia respectiva, el Estado también tiene cierta responsabilidad. [2] Pues, existe un alto índice de impunidad de los crímenes que afectan directamente la reivindicación de derechos en muchas comunidades. Es así, cómo “la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó” [1] (Ver imagen #1). Tales zonas, y en general todos los territorios afectados han perdido la confianza en el Estado y en su fuerza pública, se han visto afectados por la corrupción, la poca intervención estatal, el olvido y la indiferencia; situación que no debería presentarse en un Estado social de derecho, democrático y que está en una etapa de post-acuerdo que busca construir la paz, como lo es Colombia.



Ahora bien, como lo expresó Michel Forst, relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos “los Estados tienen la obligación de proteger a los defensores/as de derechos humanos que ayudan a los cientos de personas” [3]. Razón por la cual, se espera una respuesta pronta del gobierno que brinde posibles soluciones y que evite que quienes defienden los derechos se enfrenten a un entorno de amenazas, restricciones, descalificación y criminalización sin precedentes [3].


En este momento, Colombia se encuentra a la expectativa con el nuevo gobierno que iniciará el 7 de agosto del año en vigencia, y que estará encabezado por Iván Duque, pues hasta ahora la respuesta del Estado colombiano no parece ser suficiente frente a este tema. Se ha venido hablando de una revisión de los acuerdos realizados, pero no se sabe hasta qué punto será, lo que sí se tiene claro es que se necesitan garantías de protección que eviten sumarle más víctimas a la lista que ya existe y que permitan continuar con el proceso de construcción de paz.


#SERLÍDERSOCIALNOESUNDELITO


Referencias.


[1] Defensoría del Pueblo – Colombia. En más de dos años ocurrieron 282 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Disponible: http://www.defensoria.gov.co


[2] “Análisis de homicidios de líderes y lideresas en Colombia 2016-2018 para la interpretación de su impacto en las comunidades y organizaciones sociales”. Centro Nacional de Consultoría (CNC) - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Developmen / USAID) – Presentado el 5 de julio de 2018 / Bogotá, D.C


[3] La protección de los defensores/as de derechos humanos que ayudan a las personas en movimiento debe ser una prioridad para los Estados - Experto de la ONU. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). Disponible: https://www.ohchr.org/


** Ver mapa de líderes y lideresas asesinados en Colombia, disponible: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408


Más información en:

Nuestros aliados son: 

 ¿Te gusta lo que lees? Participa! ayúdanos a seguir elaborando noticias y análisis. 

© 2014 por "NDI Colombia". Ceado con Wix.com