Entendiendo los decretos presidenciales

June 27, 2017

 

Foto: Semana

 

Como parte de las facultades que le otorgó el Congreso al Presidente Santos, le permite expedir decretos con fuerza de ley durante 180 días para la implementación del acuerdo de paz.

 

Estos decretos aseguran diferentes áreas de la implementación del documento, aunque los decretos son de implementación inmediata, la Corte Constitucional tiene dos meses para estudiar su constitucionalidad, justamente uno de estos habilita a la corte para que deje de lado los otros expedientes y se ocupe exclusivamente de emitir veredicto sobre las disposiciones para la paz.  Los 24 decretos atienden  5 grandes temas cruciales para el desarrollo de lo acordado en temas agrarios, participación y justicia entre otros.

 

Cada uno de estos decretos conforma el marco jurídico para la paz, que aun cuando está pendiente de aprobación por la Corte, entran a jugar un papel fundamental para continuar un proceso que va bastante avanzado desde la dejación de armas y el monitoreo por parte de la Misión de Naciones Unidas.

 

Los 5 grandes temas se encuentran en concordancia con los puntos de atención prioritaria que el gobierno necesita atender para asegurar la irreversibilidad del proceso, siendo así:

  1. Sobre acceso a Tierras, sustitución de cultivos y desarrollo rural

 

El presidente ordenó la implementación de una serie de componentes con los que allanará el camino hacia la reforma rural integral que contempla el acuerdo de paz.

 

Decreto 902

Acceso y formalización de tierras;  “Partiendo del principio de respeto absoluto por la propiedad privada legal, se impulsan medidas para superar la informalidad del campo y se crea una ruta expedita para que víctimas y campesinos accedan a parcelas. Se crea el Fondo de Tierras como la instancia que debe aclarar la situación legal de las tierras y definir adjudicaciones”

 

Una norma que debería modificar de fondo la estructura agraria del país, y frente a la cual los voceros de la guerrilla habían sido reiterativos sobre su inmodificabilidad, terminó siendo una norma más o menos inocua que cumple con los compromisos, pero lastimosamente no tiene los instrumentos para garantizar su ejecución.

 

Decreto 896

Sustitución de cultivos ilícitos: “Se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–, a cargo de la Presidencia y con vigencia por diez años. El gobierno se compromete a perdonar judicialmente a pequeños agricultores que vinculen con la sustitución. La iniciativa se basa en el compromiso de los sembradores de abandonar los cultivos ilegales, pero el gobierno podrá erradicar en casos de incumplimiento

 

Uno de los compromisos adquiridos más complejos de realizar dadas las condiciones del territorio, las propuestas a los pequeños agricultores deben ser sostenibles para el medio ambiente y rentables para que se equiparen a las ganancias que les resultaban de los cultivos ilícitos, el proyecto necesita de un gran acompañamiento militar teniendo en cuenta que muchas de las zonas de cultivo se encuentran minadas y con fuerte presencia de otros grupos al margen de la ley.

 

Decreto 893

Programas de desarrollo con enfoque territorial: “Los PDET tendrán vigencia de 10 años y serán un mecanismo de ejecución que prioriza 16 territorios como los más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. Las zonas seleccionadas comprenden 170 municipios de la Colombia históricamente excluida o sometida.”

 

El enfoque territorial es una de las grandes apuestas del gobierno nacional para la inclusión de múltiples sectores, además de abrir las puertas para la construcción de planes de desarrollo que realmente impacten a la comunidad en sus necesidades más urgentes, dejando de lado la tendencia a la centralización del diseño, donde desde Bogotá se idea un esquema que poco o nada se adapta a las realidades del territorio, y que al final termina siendo inviable para su implementación.

 

Decreto 892

Educación rural: “Se le otorga una gabela de 32 meses a los programas de licenciatura que operen en las zonas PDET para que alcancen su acreditación de alta calidad ante el Ministerio de Educación.” De no aplicarse la gabela, 9.200 estudiantes en las zonas más marginadas no podrían acceder a su única opción de educación superior.

 

Decreto 882

Docencia en zonas golpeadas por el conflicto: “El incremento de la planta docente en las zonas más afectadas por el conflicto ha sido de apenas 10 por ciento (2.436 maestros) entre 2009 y 2015, en tanto que en las otras zonas rurales este ha sido de 65 por ciento. Para atacar ese déficit se proveerán cerca de 1.840 empleos docentes para laborar en las zonas priorizadas, beneficiando a unos 50.000 niños.”

 

 

“Colombia la más educada de América Latina” fue uno de los principales argumentos del presidente cuando estaba en la contienda electoral, y uno de los mayores abismos que tiene la educación en Colombia es la cobertura en lo rural, la geografía colombiana y la presión ejercida por los actores al margen de la ley han complejizado el ejercicio docente,  apostarle a la educación en lo rural es una deuda que se trae con el futuro del país desde la presidencia de Ernesto Samper y un apoyo importante para la implementación de paz, educando en derechos, deberes y conocimientos generales que motiven a los niños a cumplir sueños que sean de provecho para el país.

 

Decreto 884

Plan Nacional de Electrificación Rural: “Las zonas rurales no interconectadas serán objeto de este plan a cargo del Ministerio de Minas y Energía, cuya primera fase debe ejecutarse en el término de un año y renovarse cada dos hasta solucionar la electrificación de todo el campo”

 

El acceso a servicios públicos en las zonas más apartadas del país facilita la ejecución de múltiples proyectos que benefician a los residentes, desde garantizar agua potable para evitar enfermedades por microorganismos, garantizar fluido eléctrico para mejorar las condiciones de vida y la transformación de la materia prima en una economía solidaria, le permiten a la población rural desenvolverse en otros campos diferentes al cultivo que incentivan el desarrollo desde lo local.  

 

Decreto 890

Vivienda social rural: “En 30 días el Ministerio de Agricultura debe implementar un plan para la construcción o mejora de casas y un programa de subsidios para que las familias campesinas accedan a un techo digno. No se define cuántas viviendas rurales deben impulsarse.”

 

La condición de habitabilidad en lo rural es compleja, la inmersión del gobierno en esta materia debe ser basada en múltiples estudios que  abarquen las condiciones de vida de cada región y las necesidades primarias a atender en cada una de las viviendas del sector.

 

              2.   Reincorporación

 

La reincorporación se establece como un instrumento de desmovilización y tránsito a la vida civil de los miembros de las FARC, mediante un bienestar económico y social con el objetivo de generar la satisfacción de necesidades básicas a través de un apoyo económico a partir de la terminación de las zonas veredales y cuando se evidencie un efectivo paso a la legalidad.

 

Decreto 671

Desvinculación de menores de grupos armados: “Se reafirma que los menores inmersos en el conflicto son víctimas, y por tanto deben ser reparados y sus derechos restituidos. Cuando la desmovilización es posterior al cumplimento de la mayoría de edad no se pierde la condición de víctima. Otro decreto, el 891, garantiza que quienes ya tengan 18 años o más vayan a los refugios del ICBF y queden al amparo de la entidad.

 

La reclutación de menores es una de las grandes deudas que el grupo armado tiene con la sociedad colombiana, y su reinserción a la vida civil es una tarea difícil ya que ellos fueron victimarios pero también víctimas, así que merecen un trato especial, y una serie de garantías para su transición, centrado en el acompañamiento psicológico, dado que su desarrollo mental se ha dado en lógicas de guerra, necesitan ahora aprender a vivir en sociedad.

 

 

 

Decreto 899

Reincorporación económica y social de las Farc: “Se hará un gran censo social entre los reincorporados que será hoja de ruta para programas y proyectos. La guerrilla podrá crear una organización de economía solidaria que articulará los proyectos colectivos que formulen los reincorporados. Habrá tres tipos de desembolsos económicos: una asignación única de normalización (2 millones de pesos), proyectos productivos (8 millones) y renta básica mensual (90 por ciento de un salario mínimo por dos años). El Estado asume el pago de la seguridad social de los reincorporados desempleados por dos años. Y aquellos al cabo de ese tiempo que demuestran que continúan en su “ruta educativa” podrán prolongar el beneficio de la renta básica.”

 

Parte de incluir a los ex militantes a la vida social implica hacerles parte del esquema de producción, que se sientan útiles en medio de una sociedad neo liberal y capitalista requiere que ellos también hagan parte del desarrollo, incentivarlos a crear, a producir, les permite acondicionarse al aspecto laboral en el sector donde viven, además de garantizar su sostenimiento sin que dependan del Estado de Bienestar más de lo estrictamente necesario.

 

Decreto 901

Prórroga de las zonas veredales “Se ordena extender las 26 zonas por otros dos meses, es decir, hasta el 31 de julio, a fin de llevar a buen término la dejación de armas y emprender la reincorporación.”

 

Dadas las tardanzas que el mismo gobierno tuvo al implementar las ZVTN esta extensión era necesaria para cumplir con todos los objetivos propuestos para estas zonas: el desarme, los censos, la atención médica, entre otros. La reincorporación comenzará en estos puntos donde se les brinda capacitaciones, apoyo psicológico y además se les prepara para hacer parte de las ciudades o municipios en los que van a residir cuando los puntos se den por terminados.

 

 

Decreto 897

Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) : “Su misión será organizar la reincorporación y coordinar las distintas entidades que concurren en ese propósito. No son lo mismo la ARN y el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación). La primera ejecuta, la segunda imparte directrices.”

 

Hacer realidad la reincorporación es una tarea de alta envergadura que no puede ser atomizada en diferentes entidades, necesita de un ente central que se encargue de la coordinación de esfuerzos para garantizar un proceso sano e interrumpido para  más de 7.000 personas que vana hacer parte del mismo.

 

La agencia tiene múltiples retos y áreas de trabajo, no solo por la complejidad del trabajo con las personas, también con la interoperabilidad estatal y con la burocracia al interior del Estado, un tema cada vez más complejo que requiere atención prioritaria y una gran fuerza de trabajo.

 

                         3. Asuntos sociales e infraestructura

 

Colombia por la complejidad de su geografía se encuentra bastantes años atrás en infraestructura, la interconectividad es muy limitada y las zonas apartadas del país no tienen las vías necesarias para el transporte interno y la exportación de productos nacionales. Los asuntos sociales también están bastante atrasados en cuanto a cobertura y calidad del servicio, esta deuda debe ser subsanada para mejorar la calidad de vida del país.

 

Decreto 894

Acceso a los empleos públicos: “Las poblaciones de los municipios priorizados dentro del acuerdo de paz tendrán acceso preferente a capacitación, que les permita ser parte de las plantas de personal necesarias para implementar programas y proyectos del acuerdo.”

 

Ser parte de la economía no se puede dar solo por la creación de empresas por parte de los desmovilizados, necesitan también acceder a empleos ya establecidos, y el gobierno nacional y local deben ser los primeros en dar el ejemplo de acceso a un trabajo digno.

 

Decreto 883

Incentivos tributarios a empresas que construyan infraestructura rural: “A fin de cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica se ofrecen alivios tributarios para las compañías mineras y de actividad portuaria que ejecuten obras en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública e infraestructura vial en zonas azotadas por el conflicto”

 

El cubrimiento del 100% de las zonas habitadas en el país es un objetivo difícil, y el Estado no puede encargarse de esta tarea solo, necesita del apoyo privado para cumplir este reto y recompensarlos por cubrir una falencia que el gobierno no pudo satisfacer,  como el subsidio a los impuestos.

 

Decreto 870

Incentivos a la conservación ambiental “El Ministerio de Ambiente en asocio con Planeación Nacional diseñará el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales del que podrán participar particulares, colectivos y organizaciones mixtas, que ejecuten planes de preservación y recuperación de ecosistemas estratégicos, como bosques, nacimientos de agua y páramos.”

 

Es importante recordar que Colombia es una excepcionalidad en cuanto la diversidad en flora y fauna presente en el territorio, por tanto proteger estos recursos naturales es un compromiso adquirido a nivel regional e internacional, un compromiso que no puede estar alejado del proceso de paz que deja al descubierto múltiples zonas ricas en recursos que ya no serán explotados ilegalmente por las FARC para su financiamiento y que deben pasar al amparo del Estado.

          

 

                              4. Sobre la justicia

 

Un paquete significativo de los decretos ley firmados por el presidente Santos tocan las distintas instancias de la justicia. Con estos el Gobierno ajusta dependencias que van mucho más allá del Ministerio de Justicia  y le envía un mensaje de compromiso con la paz a la rama judicial. En donde la Corte Constitucional podrá enfocarse legislación para la paz,  se reestructura la Fiscalía y  se crea la Unidad Nacional de Investigación.

 

Decreto 898

Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía: “Será el órgano judicial encargado de enfrentar a las organizaciones criminales que amenacen la implementación de los acuerdos. Se trata de evitar que los simpatizantes del partido político que surja de las Farc corran la misma suerte que la exterminada Unión Patriótica.”

 

La importancia de esta radica en la creación dentro de la Fiscalía de una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos y  movimientos sociales o políticos que amenacen o atenten contra quienes implementen los acuerdos de paz.

 

Decreto 889

Corte Constitucional podrá concentrarse en la paz: “Se le otorga a la corte la posibilidad de congelar los términos de su trabajo ordinario para priorizar la revisión de las normas de implementación del acuerdo.”

 

Dado que la Corte Constitucional tiene el poder de definir si los decretos presidenciales están acordes a nuestra carta política y si son viables según nuestra legislación, el gobierno nacional necesita que este selecto grupo de magistrados trabajen prioritariamente en los decretos relacionados con la paz, para que este no sea un posterior impedimento para la implementación de lo pactado en el acuerdo, por tanto este decreto sólo pretende asegurar que no habrán futuros obstáculos en el camino.

 

Decreto 900

Suspensión de órdenes de captura contra las Farc: “Se congelan las detenciones y extradiciones contra integrantes de las Farc durante el tiempo en que estén en las zonas veredales, y tras la dejación de armas hasta que, según cada caso, sean amnistiados o entre en funcionamiento la justicia especial para la paz. El decreto también los ampara cuando salgan de las zonas por citas médicas o calamidad familiar.

 

Dicho decreto, suspende la ejecución de órdenes de captura que recaen sobre los principales líderes de las FARC, con lo cual es preciso aclarar que la no encarcelacion se prolonga durante y después de establecidas las zonas veredales, siempre y cuando esto sea avalado previamente por el alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas.

 

Decreto 888

Unidad Delegada para el Posconflicto en la Contraloría  “Dado que en los próximos 20 años el gobierno nacional debe implementar el Plan de Inversiones para la Paz, la entidad debe fiscalizar milimétricamente cada peso que se invierta en la paz”

 

Teniendo en cuenta los altos flujos de dinero que se necesitan para la realización de los diferentes proyectos para la implementación, la Contraloría necesita de una unidad especial que le haga un seguimiento a estos dineros, para que sean invertidos en lo proyectado y no se desvíen a temas como la corrupción, más conocida como “mermelada”.

 

Decreto 775

Defensa judicial para miembros de la fuerza pública “Los integrantes activos o retirados de la fuerza pública que concurran a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podrán contar con asesoría y representación de abogados defensores del Fondo de Defensa Técnica Especializada (Fondetec).”

 

Así como los crímenes cometidos por los miembros de las FARC se entiende que fueron con “ocasión de la guerra”, los crímenes cometidos por la fuerza pública también responden a esa lógica, por tanto su defensa debe ser entendida bajo el marco jurídico para la paz, donde el derecho a la legítima defensa debe garantizarse, esta asesoría por parte del Fondo de Defensa Técnica Especializada permite la igualdad de condiciones entre la fuerza militar y las FARC ante la justicia.

 

                       5. Sobre paz y seguridad

 

Decreto 903

Inventario definitivo de los bienes de las Farc “Los activos y bienes de la guerrilla serán empleados para la reparación material de las víctimas. Los bienes y recursos monetizados y no monetizados irán a un fondo controlado por Presidencia.”

 

Es el medio por el cual se retornan los recursos monetarios y no monetarios a todas aquellas víctimas del conflicto armado colombiano, como forma o modelo de reparación, en el cual se brindan nuevas formas de subsistencia para estas poblaciones marginadas por la violencia, regresarlos a sus tierras o generando nuevos espacios de orden económico en los cuales puedan desarrollar sus proyectos de vida.

 

Decreto 154

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad “Esta instancia interinstitucional se encargará de diseñar una política pública que enfrente la actividad criminal contra los líderes sociales que participen en la implementación de la paz acordada.”

 

Dicho decreto es fundamental, pues se enfoca en el desmantelamiento y sometimiento de las organizaciones con conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra quienes participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz. generando de esta forma una serie de garantías en cuanto a protección se refiere  para los líderes de territorios con falencias en seguridad.

 

Decreto 885

Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia “Su misión es promover la cultura de la reconciliación y frenar la estigmatización. Al consejo podrán concurrir “actores armados” con voluntad de paz, es decir, el ELN podría tener cabida.

 

Como parte de una efectiva paz y reconciliación, se debe procurar generar espacios de diálogo e interacción, para lo cual, el Consejo, tendrá como principal objetivo facilitar la colaboración armónica entre las entidades y órganos estatales, generando prioridad a las alternativas políticas de negociación  del conflicto. siendo el mismo, un espacio de discusión donde  convergen de forma equitativa, tolerante  y sin estigmatizaciones  todos los comités, mesas, instancias y mecanismos de participación en asuntos de paz.

 

Decreto 895

Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política “Se trata de un escudo de alto nivel que deberá blindar a los actores políticos que emerjan del acuerdo de paz, a los partidos en oposición y a líderes sociales, a fin de que la apertura democrática sea real.”

 

Uno de los puntos más críticos dentro del acuerdo de paz, pues el temor por parte de los miembros de las FARC ante represalias al incursionar en la vida política es latente, sin contar que viven el reflejo de lo ocurrido años atrás con la Unión Patriótica.  Por lo cual el decreto prioriza una protección integral, un plan estratégico de seguridad y un cuerpo de protección para los y las integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC y las familias de los mismos.

 

 

Decreto 871

Representante oficial en la CSIVI “El exministro Juan Fernando Cristo es designado para representar al gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo final.”

 

Cada uno de los decretos anteriormente expuestos se entreteje con las necesidades más apremiantes del país, un acercamiento para subsanar las ausencias del Estado que llevaron a grupos de campesinos a levantarse en armas para obtener sus derechos, y reclamarle a una sociedad el descuido de los mismos, atender a la raíz de todo el conflicto es la forma más certera de construir paz.

 

 

Referencias

Presidente Santos firmó 34 decretos para implementación del acuerdo de paz

 

Lista la máquina del Acuerdo de paz, pero falta echarla a andar

 

Propiedad rural y sustitución de cultivos: temas clave de decretos presidenciales

 

Santos firma ‘lluvia’ de decretos para la implementación del acuerdo de paz

 

Lluvia de decretos para la paz

 

Mineducación extiende 32 meses plazo para que algunas licenciaturas se acrediten obligatoriamente

 

 

 

 

 

Evaluación y análisis de eficiencia de la educación en Colombia

 

 

 

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